PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, ERROR JUDICIAL, DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La ley 270 de 1996 establece tres hipótesis que pueden generar responsabilidad de Estado.
Cuando es privada de la libertad una persona y luego recobra la libertad porque no cometió el ilícito que le endilgaron. Normalmente se analiza el caso desde la providencia de absolución o preclusión de la investigación penal para determinar la arbitrariedad cometida por el órgano judicial o la Fiscalía contra el ciudadano.
El error judicial se produce cuando se profiere una decisión abiertamente ilegal, sustentada en normas inexistentes o derogadas.
El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se refleja en apertura arbitraria de procesos penales y decisiones judiciales tardías o extemporáneas sin ninguna justificación que producen un daño en los ciudadanos que hacen parte de un proceso.