Justicia Lograda, en el Caso de Ejecución Extrajudicial del señor Pascual Antonio Osorio Barbosa

El 27 de octubre de 2005, miembros de la Brigada Móvil No. 7 del Ejército Nacional atacaron a Marco Fidel Bonilla y Pascual Antonio Osorio Barbosa en Calamar, Guaviare, causando su muerte instantánea. El Ejército recogió los cuerpos y en su informe afirmó que los hechos fueron producto de un combate. Sin embargo, una investigación posterior sugirió que se trató de una ejecución extrajudicial.

En 2018, nuestra firma presentó una demanda buscando que el Ministerio de Defensa y la fiscalía general de la Nación asumieran responsabilidad. Estas entidades se opusieron, alegando falta de pruebas, que las víctimas podrían haber pertenecido a grupos armados ilegales y que el caso ya estaba caducado. No obstante, se argumentó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, por lo que la caducidad no aplicaba.

El Consejo de Estado, al interpretar el artículo 90 de la Constitución, establece que el Estado es responsable cuando no protege adecuadamente los derechos de las personas, especialmente si existe un riesgo claro para su vida. En este caso, el uso indebido de la fuerza por parte del Ejército violó el derecho a la vida, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto en el marco de las ejecuciones extrajudiciales, las cuales han sido documentadas por la Comisión de la Verdad, que señaló las prácticas de “falsos positivos”, donde civiles fueron asesinados y presentados falsamente como bajas en combate.  De hi que el Consejo de Estado ha determinado que, en estos casos, la responsabilidad del Estado se establece por la falla en el servicio. Además, ha flexibilizado las normas probatorias, permitiendo el uso de pruebas indirectas debido a la dificultad de obtener pruebas directas.

Respecto al caso particular, se concluyó que el Ejército Nacional debía asumir la responsabilidad por la muerte de Osorio Barbosa, basándose en pruebas indirectas que indicaron que fue una ejecución extrajudicial. Como resultado, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional fueron condenados a indemnizar a la familia de Osorio Barbosa por los perjuicios morales causados,

PASCUAL ANTONIO OSORIO BARBOSA

MARCO FIDEL BONILLA